La Comisión propone una renta mínima que procure la inclusión activa

La Comisión propone una renta mínima que procure la inclusión activa

Si bien existe la renta mínima en todos los Estados miembros, varía considerablemente su adecuación, alcance y eficacia en el apoyo a las personas. Es por ello que la Comisión ha elaborado una Propuesta de Recomendación del Consejo sobre una renta mínima que procure la inclusión activa mediante la que se establece la manera en la que los Estados miembros pueden modernizar sus regímenes de renta mínima para hacerlos más eficaces, de modo que saquen a las personas de la pobreza, promoviendo, al mismo tiempo la integración en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar.

La renta mínima consiste en pagos en efectivo que ayudan a los hogares que la necesitan a colmar la brecha hasta un determinado nivel de ingresos de manera que puedan abonar las facturas y vivir con dignidad. Son especialmente importantes en tiempos de recesión económica, ya que ayudan a amortiguar la caída de los ingresos de los hogares en el caso de las personas más necesitadas; así contribuyen a un crecimiento sostenible e integrador. Suelen complementarse con prestaciones en especie que dan acceso a servicios e incentivos específicos para acceder al mercado laboral. De este modo, los regímenes de renta mínima no son un instrumento pasivo, sino que sirven de trampolín para mejorar la inclusión y las perspectivas de empleo. Unos regímenes de renta mínima bien diseñados logran un equilibrio entre la reducción de la pobreza, la incentivación del trabajo y el mantenimiento de unos costes presupuestarios sostenibles.

La propuesta contribuirá a alcanzar los objetivos sociales de la UE para 2030 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión en al menos 15 millones de personas, tal como se establece en el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales. También ayudará a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de que tenga empleo al menos el 78 % de la población de entre 20 y 64 años.

Recomendaciones

Trabajar para que las ayudas a la renta sean más adecuadas:

  • Determinar el nivel de ayudas a la renta a través de una metodología transparente y sólida.
  • Sin descuidar los incentivos al trabajo, procurar que las ayudas a la renta reflejen progresivamente una serie de criterios de adecuación. A más tardar a finales de 2030, los Estados miembros deben alcanzar un nivel adecuado de ayudas a la renta al tiempo que salvaguardan la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Mejorar la cobertura de la renta mínima y su percepción por parte de los beneficiarios potenciales:

  • Los criterios de admisibilidad deben ser transparentes y no discriminatorios. Por ejemplo, para promover la igualdad de género y la independencia económica, especialmente en el caso de las mujeres y los adultos jóvenes, los Estados miembros deben facilitar la recepción de ayudas a la renta por persona, en lugar de por hogar, sin aumentar necesariamente el nivel general de prestaciones a los hogares. Además, es necesario tomar nuevas medidas para asegurar que los hogares monoparentales, que están encabezados mayoritariamente por mujeres, se beneficien de la renta mínima.
  • Los procedimientos de solicitud deben ser accesibles, simplificados e ir acompañados de información que se comprenda con facilidad.
  • La resolución sobre una solicitud de renta mínima debe dictarse en un plazo de 30 días a partir de su presentación, con la posibilidad de revisarla.
  • Los regímenes de renta mínima deben responder a las crisis socioeconómicas, por ejemplo, introduciendo una mayor flexibilidad en cuanto a la admisibilidad de los beneficiarios.

Mejorar el acceso a mercados laborales inclusivos:

  • Las medidas de activación deben ofrecer incentivos suficientes para la reinserción laboral, y debe prestarse especial atención a ayudar a los adultos jóvenes.
  • Los regímenes de renta mínima deben ayudar a las personas a encontrar un empleo y mantenerlo, por ejemplo, a través de una educación y formación inclusivas, así como del apoyo a la colocación y el asesoramiento personalizado.
  • Debe ser posible combinar la ayuda a la renta con los ingresos procedentes del trabajo durante períodos más cortos, por ejemplo, durante períodos de prácticas o de prueba.

Facilitar el acceso a los servicios esenciales y de capacitación:

  • Los beneficiarios deben tener un acceso efectivo a servicios de capacitación de calidad, como la asistencia (sanitaria), la formación y la educación. Deben ponerse servicios de inclusión social, como el asesoramiento y la orientación, a disposición de las personas necesitadas.
  • Además, los beneficiarios deben tener un acceso efectivo y continuo a servicios esenciales, como la energía.

Ofrecer un apoyo personalizado:

  • Los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación individual y multidimensional de las necesidades para detectar los obstáculos a los que se enfrentan los beneficiarios por lo que se refiere a la inclusión social o el empleo, y el apoyo necesario para abordarlos.
  • Partiendo de esta base, a más tardar tres meses después de que los beneficiarios hayan accedido a la renta mínima, deben recibir un plan de inclusión que defina unos objetivos conjuntos, un calendario y un paquete de apoyo adaptado para lograrlos.

Aumentar la eficacia de la gobernanza de las redes de seguridad social en la UE y a escala nacional, regional y local, así como los mecanismos de seguimiento y notificación.

Próximas etapas

Los Estados miembros debatirán la propuesta presentada por la Comisión con vistas a que la adopte el Consejo. Una vez que se haya adoptado, los Estados miembros deberán informar a la Comisión cada tres años sobre sus progresos en la puesta en práctica. Además, la Comisión supervisará los avances en la puesta en práctica de esta Recomendación en el contexto del Semestre Europeo. El instrumento propuesto —una recomendación del Consejo— ofrece a los Estados miembros suficiente margen de maniobra para determinar la mejor manera de alcanzar los objetivos de esta iniciativa, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.

Contexto

En 2021, más de una de cada cinco personas, es decir, 94,5 millones de personas en total, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE. Las redes de seguridad social desempeñan un papel fundamental a la hora de apoyar a estas personas y ayudarlas a (re)incorporarse al mercado laboral si es posible. Sin embargo, se necesitan sistemas de protección social más eficaces, ya que alrededor del 20 % de las personas sin empleo y en riesgo de pobreza no pueden optar a ninguna prestación económica de renta, y se calcula que entre el 30 % y el 50 % de la población potencialmente beneficiaria no recibe prestaciones de renta mínima.

El principio 14 del pilar europeo de derechos sociales se refiere al derecho a recibir una renta mínima adecuada. Para promover la inclusión social y el empleo y procurar que nadie en la sociedad se quede atrás, la Comisión ha presentado otras muchas iniciativas que complementan la propuesta de hoy. Por ejemplo, la propuesta de Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados, con la que se pretende que el trabajo garantice una vida digna a los trabajadores; la Garantía Infantil Europea, para ofrecer a los niños un acceso libre y efectivo a servicios clave; y la Estrategia Europea de Cuidados, para mejorar la situación, especialmente de las mujeres y las personas del sector asistencial. Además, la Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo eficaz para el empleo (EASE) ofrece orientaciones acerca de políticas activas del mercado de trabajo, incluida la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional. La Recomendación del Consejo para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática establece orientaciones específicas para aplicar políticas dirigidas a lograr una transición justa, en la que se preste especial atención a los hogares vulnerables. Por último, la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía pretende hacer frente a los drásticos aumentos de los precios de la energía reduciendo el consumo y compartiendo los beneficios excepcionales de los productores de energía con aquellos que más ayuda necesitan.